Los dos mayores sindicatos españoles anunciaron el miércoles la convocatoria de una jornada de manifestaciones en toda España el 19 de julio contra los recortes anunciados horas antes por el Gobierno, que se sumarán a paros ya anunciados por funcionarios y a las marchas que están llevando a cabo los mineros, en una escalada de las protestas callejeras en el país.
La convocatoria de los sindicatos UGT y CCOO llega horas después de que el Ejecutivo español anunciara un ajuste presupuestario para los próximos dos años y medio de 65.000 millones de euros, el mayor en la historia de la democracia española, con el fin de alcanzar sus metas de reducción del déficit.
"El nuevo plan de recortes anunciado por el presidente del Gobierno afecta a los sectores más débiles de la sociedad, incidiendo negativamente sobre las rentas medias y bajas, sin que una sola de las medidas aprobadas implique esfuerzo alguno para las empresas y rentas más altas", dijeron en un comunicado conjunto Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT)
Entre las medidas anunciadas se incluye una rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas, a la que también se opusieron las dos mayores centrales sindicales.
Una fuente sindical descartó la convocatoria urgente de una huelga general debido a factores estacionales.
Diferente fue la acogida que dieron a las medidas las patronales empresariales CEOE y CEPYME, que en una primera valoración consideraron "adecuadas".
"Sin una reducción del endeudamiento y un incremento de la competitividad es imposible salir de la crisis y recuperar la confianza de los inversores", dijeron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.
Las organizaciones empresariales no vieron con buenos ojos la subida del IVA, pero sí las reducciones en las cotizaciones empresariales.
"La imposición ya ha subido de forma significativa para ajustar el déficit público, y estas medidas terminan pasando factura en términos de crecimiento y empleo. No obstante lo anterior, la anunciada reducción de cotizaciones sociales es un paso muy importante en la dirección adecuada para mejorar la competitividad y crear empleo", dijeron.
FUNCIONARIOS ANUNCIAN PAROS, NO DESCARTAN HUELGA
El principal sindicato de funcionarios de España, Central Independiente y de Funcionarios (CSI-F), no descartó por su parte la convocatoria de una huelga para septiembre tras anunciar paros en julio y agosto contra los recortes en el empleo público, que incluyen la eliminación de una paga extraordinaria en Navidad.
Con gritos de "Manos arriba, esto es un atraco" y "No es una crisis, es una estafa", varias decenas de funcionarios, entre ellos trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, la Audiencia Nacional o el Instituto Social de la Marina, protestaron en Madrid cerca de la céntrica plaza de Colón o frente al Congreso de los Diputados -donde se estaban haciendo públicas las medidas-, para rechazar los recortes.
"Nos manifestamos en contra del robo continuo y el expolio de todo lo público, es un continuo incumplimiento de lo que se dice, no hay negociación posible", dijo frente al Congreso Mónica, una funcionaria del Ayuntamiento de la capital que no quiso dar su apellido por temor a represalias.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, dijo que los paros de este verano se convocarían en el conjunto de las administraciones públicas, y que el alcance de las movilizaciones se decidiría el viernes en la comisión nacional del sindicato.
En este clima de tensión con funcionarios mostrando su indignación por los recortes a las puertas del Ministerio de Hacienda, fue suspendida una reunión entre el Gobierno y los sindicatos representados en la función pública para explicarles las medidas que aprobará en los próximos días.
"Nos hemos negado al formato de reunión que se planteó a último momento, porque no iba a haber una marco de negociación, sino que simplemente nos iban a repetir las palabras del presidente del Gobierno esta mañana", dijo Juan Carlos Rodríguez de la Coba, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
Además de la suspensión del abono de la paga extraordinaria de Navidad de este año para los empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local, el Ejecutivo reducirá el número de días que tienen de libre disposición y ajustará el número de liberados sindicales.
La Confederación Española de Policía (CEP), que dijo representar a 27.500 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, dijo que se había "traspasado una línea roja" y anunció movilizaciones que irán "mucho más allá de simples manifestaciones".
En un comunicado titulado "La juerga de políticos y banqueros la pagamos todos. Hasta aquí hemos llegado", la CEP dijo que los recortes afectarían a la seguridad pública y señaló que pedirá al Ministerio del Interior que se dé un trato singular a los policías.
España tiene alrededor de 2,7 millones de empleados públicos entre los que se integran personal funcionario, estatutario y laboral, y la cifra supera los 3 millones si se incluye a los trabajadores de las empresas públicas.
Los empleados públicos españoles ya sufrieron una rebaja salarial de una media de un 5 por ciento en 2010 - que llevó a una huelga del sector -, y tienen congelados los sueldos en 2011 y 2012.
Las nuevas medidas de protesta tendrán lugar después de que el miércoles miles de personas se sumaran a la multitudinaria "Marcha Negra" en Madrid, la movilización de mineros que partieron desde las cuencas mineras del norte del país hasta la capital para protestar contra el recorte de las ayudas al carbón incluidas en las medidas de austeridad del Gobierno.
